La Casa Blanca y la Unión Europea habían previsto secuestrar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, y liquidar las instituciones constitucionales venezolanas, exceptuando la fuerza armada.
El Fiscal General (ministro de Justicia estadounidense), William Barr, había emitido el 26 de marzo una orden de búsqueda y captura contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, acusándolos de tráfico de droga y prometiendo recompensas millonarias a quienes contribuyesen a llevarlos ante los tribunales –o sea, ante tribunales estadounidenses, como precisa el documento del Departamento de Justicia [1]. Esas acusaciones debían servir de pretexto para secuestrar a los dos políticos venezolanos y encarcelarlos en Estados Unidos.
El 31 de marzo, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, publicó un documento titulado Marco para la Transición Democrática de Venezuela [2].
La semana pasada, la Casa Blanca anunció el inicio de una operación estadounidense antidroga en el Caribe, con el despliegue de varios navíos de guerra, entre ellos un destroyer, que en realidad se encargarían de apoyar al SouthCom –conocido en Latinoamérica como el «Comando Sur»– en una operación de secuestro en la que estaban implicadas la marina de guerra estadounidense (US Navy) y la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA).
Todo apuntaba a la realización de una operación similar a la invasión de Panamá, realizada el 20 de diciembre de 1989 por la administración de George Bush padre, bajo el pretexto de “detener” al general Manuel Antonio Noriega, también acusado de tráfico de drogas.
Sin embargo, el Pentágono se opuso resueltamente a la realización de tal operación por considerarla inoportuna en estos tiempos de pandemia.
El hecho es que las relaciones entre el presidente Donald Trump y la cúpula del Pentágono son cada vez más tensas. En Washington ya se habla públicamente de que el NorthCom se plantea asumir el poder ante la epidemia de coronavirus [3].
Ante las disputas políticas entre demócratas y republicanos, los militares se posicionarían como una fuerza neutral interesada únicamente en proteger a los estadounidenses. Una facción de la inteligencia militar parece oponerse a ese proyecto mediante la amenaza de poner bajo arresto a varios generales acusándolos de crímenes sexuales.
https://www.voltairenet.org/article209629.html
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